Los delitos tributarios en Chile se incorporaron por la ley N° 9311, del año 1954, disposición que sancionaba con pena prisión de 1 a 60 días a quienes no entregaran a la entidad fiscalizadora los libros de contabilidad.

Con posterioridad, la ley 12.844 del año 1956, incorporó infracciones, tales como, la no declaración del total de ventas, permutas o contravenciones gravadas. Luego, la ley N° 13.305, del año 1959, tipificó como delitos el actuar de gerentes y administradores que no entregaren a la entidad fiscalizadora información relevante sobre la empresa administrada. Dicha Ley constituyó un antecedente para la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 190, de 25 de marzo de 1960, que estableció por primera vez las normas del Código Tributario, el que se publicó en el Diario Oficial el 5 de abril de ese año.