La igualdad procesal es el más importante principio para la defensa de un imputado. La defensa penal privada goza de una serie de disposiciones constitucionales que pueden facilitar nuestra labor en beneficio de los defendidos. El aspecto más relevante es la presunción de inocencia. Una buena defensa garantiza y hace realidad dicha presunción, motivando a que sea el propio órgano acusador (la fiscalía) quien deba probar el delito.